lunes, 16 de abril de 2012

No disparen al funcionario
Reproducimos a continuación el editorial del semanario "El Jueves, la revista que sale los miércoles" publicado en el nº 1817 de esta semana, dedicado a los trabajadores públicos.
Los funcionarios son esos señores y señoras que un buen día aprobaron una oposición en busca de un empleo estable. Su sueldo era seguro, pero escasito. Es más, cuando estalló ese tsunami de falsa prosperidad y este país se llenó de nuevos ricos, su sueldo, en comparación, era claramente una puta mierda. No obstante, la gran ventaja que tenían (esto lo valoran ahora) era que nadie se metía con ellos: en todo caso, si alguien les señalaba, era para compadecerse de su pobreza.

- Mira ese pringao: veinte años en la Administración, y gana al mes la cuarta parte de lo que yo saco en mi empresa sólo en horas extras.

Pero un día la crisis estalló y España, que estaba a punto de adelantar a Francia, según ZP, luego de haber pasado a Italia, empezó a irse al carajo. Resulta que la economía de este país se había basado casi única y exclusivamente en una burbuja inmobiliaria que nadie quiso pinchar a tiempo, y, cuando explotó, lanzó de golpe contra las oficinas del INEM a tres millones de parados. La recaudación fiscal cayó en picado y, como al mismo tiempo aquí se había despilfarrado en obras absurdas lo que no está escrito, corrupciones aparte, la deuda y el déficit se dispararon, se empezó a hablar de quiebra y el gentío volvió la cabeza hacia los culpables de tanta ruina: los jodidos funcionarios, que cada mes se llevan a casa su sueldo calentito, un sueldo que ahora, en comparación con tanto "ni-mileurista" como hay, es muy apetecible.

"¡Es que la partida destinada al pago de las nóminas de los empleados públicos no deja de crecer!", protesta el gentío. Y lleva razón: tanto en la Administración Central, como en la Autonómica y la Local, cada día hay más gente colocada a dedo y más asesores. Los funcionarios de carrera, o sea, por oposición, no crecen porque sus bajas ya no se cubren, pero cada vez hay más enchufados.

Los gobernantes lo tienen muy fácil a la hora de estrangular a los funcionarios: el gentío ha sentenciado que hay que ir a por ellos. El gentío no distingue entre el burócrata que no da un palo al agua en su negociado (¿para qué estará la inspección, oyes?) y el médico que no da abasto en urgencias, y los dos son funcionarios. Por eso los empleados públicos lo van a pasar francamente mal en lo que queda de crisis. ¡Les van a recortar hasta la calderilla!

- A ver, usted que tenía diez trienios, a veinte euros el trienio, va a pasar a tener cinco, a diez euros la unidad.

- ¿Lo qué?

- Es que Bruselas nos ha dicho que a partir de ahora cada trienio tenga seis años. ¡Todo sea por rebajar el déficit, hombre, no ponga esa cara!

Si por el gentío fuera, incluso habría que fusilar a muchos funcionarios al amanecer, así nos ahorraríamos hasta sus futuras pensiones. Pero tampoco hay que pasarse. A no ser que el déficit se resista, claro.

(Editorial publicado en "El Jueves" del 21 de Marzo de 2012.)

sábado, 14 de abril de 2012

Funcionarios: una fuerza laboral de élite con los peores incentivos

Los servidores públicos destacan entre sus pares antes de trabajar para el Estado; luego, el sistema los engulle.

D. SORIANO / L. F. QUINTERO 2012-04-14
Este jueves, Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, desataba la polémica cuando aseguraba que los funcionarios debían empezar a olvidarse "del cafelito y de leer el periódico" y ser más productivos. Inmediatamente se sucedieron las reacciones y los foros de internet se llenaron de defensores y detractores de los empleados públicos (con ventaja para estos últimos en muchas ocasiones).
Llama la atención que ésta sea la imagen que se tiene del funcionario público en España. Imaginemos (por poner un ejemplo) a un joven de 23 años que, tras acabar la carrera de Derecho con unas grandes notas, decide hacer la oposición de Inspector de Hacienda o Abogado del Estado. Probablemente, tarde 4 ó 5 años en aprobar los exámenes y, cuando lo haga, lo habrá hecho en dura pugna con varios miles de competidores. ¿Cómo puede ser que tenga tan mala prensa un cuerpo formado por gente que es capaz de sacrificar varios años de su mejor juventud en una tarea tan ingrata y dura como estudiar unas oposiciones? ¿Qué ocurre: que ese inspector de Hacienda, trabajador e industrioso durante la carrera y la oposición, se convierte por arte de magia en un vago según aprueba los exámenes?
La realidad es que los funcionarios están entre los mejores de su especialidad. Profesores, policías, médicos o inspectores de Hacienda: todos ellos han pasado unas durísimas pruebas, superando a otros muchos jóvenes que querían su mismo trabajo. Pero luego, las clínicas o los colegios privados ofrecen un mejor servicio y de forma más eficaz que sus competidores públicos. Y claro, la pregunta es evidente, ¿es culpa de la persona o del sistema?
Las cifras de la función pública
Según el boletín del Registro Central de Personal en España hay 2.690.009 personas al servicio de las administraciones públicas españolas. De éstos, funcionarios propiamente dichos son 1.653.498 sumando Administración Central, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y universidades. El resto hasta los 2,69 millones de empleados públicos, se reparte entre personal laboral y el denominado "otro personal". Además, a estos trabajadores hay que sumar el medio millón de "empleados fantasma" que trabajan para el sector público (fundamentalmente empresas y otro tipo de entes no controlados por el Registro Central de Personal).
  • Funcionarios tipo A1: doctores, licenciados e ingenieros superiores
  • Funcionarios tipo A2: diplomados, ingenieros técnicos
  • Funcionarios tipo B: técnicos superiores (FP)
  • Funcionarios tipo C1: bachilleratos
  • Funcionarios tipo C2: graduados escolares
  • Funcionarios tipo E: certificado de escolaridad
Unos exámenes muy duros
La preparación para unas oposiciones oscila entre los 9 meses (especialmente en las de tipos C y E) y los 8 años para abogados del Estado, cuerpo de registradores o jueces. En 2008 la Administración española sacó a oposición 35.895 puestos de funcionarios y se calcula que se presentaron unas 500.000 personas para cubrirlos. Esto significa que, por cada nuevo funcionario, casi 14 aspirantes quedan fuera.
Además, del coste del tiempo que han de emplear para sacar la oposición, los aspirantes gastan en ayuda a la formación y libros de texto. Para oposiciones duras, como pueda ser la del cuerpo de Notarios o Registradores, el material de estudio puede sobrepasar los 1.000 euros y el gasto en preparadores y academias asciende a 12.600 euros (para una media de 7 años de oposición). En cuanto al cuerpo de diplomático, los preparadores son más caros y su coste puede ascender a los 24.000 euros (coste total para una media de 5 años de preparación). Es decir, que los funcionarios que logran conseguir su plaza, son especialistas con una amplia formación y una alta cualificación para ejercer su puesto de trabajo.
Todos estos datos tienen su mejor reflejo en las estadísticas de aprobados por oposiciones. Por ejemplo, una persona que comience abogado del Estado, a los cinco años sólo tiene un 20% de posibilidades de haber aprobado; por el contrario, un 16% aún sigue presentándose y un 64% ha abandonado. Por lo tanto, los que aprueban no son sólo los más preparados, sino también los más constantes.

Situación de los opositores a los cinco años (fuente: www.manuelbagues.com)

La respuesta está en los incentivos
La pregunta que muchos pueden hacerse es ¿cómo puede ser que un colectivo tan preparado esté tan mal valorado por grandes sectores de la sociedad? La respuesta es que el problema no es de los funcionarios, sino del sistema en el que trabajan. La mayoría de los incentivos que acompañan a la función pública perjudican a los buenos empleados y benefician a los malos.
De hecho, viendo como está estructurada la Administración, lo milagroso es que siga funcionando. Algo que, como recuerda Rafael Coloma, de Fedeca (Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado), ocurre fundamentalmente gracias a que la mayoría de los funcionarios siguen siendo "grandes profesionales" pese a todo lo que les rodea.
Sueldos y régimen disciplinario
La estructura salarial de la función pública determina que el sueldo esté asociado al puesto, no al trabajador. Esto lo que significa es que, a partir de un determinado nivel, un funcionario no puede ganar más (exceptuando los trienios por antigüedad, que son una parte pequeña del total del salario) por muy bien que lo haga. Todas las escalas de la administración están capadas por arriba, lo que desincentiva a los mejores empleados.
Aunque hay una parte del sueldo de los funcionarios que se fija en función de un concepto denominado "productividad", lo cierto es que esto es un brindis al sol. Los sindicatos presionaron desde el principio para que este tipo de complementos fueran iguales (o muy parecidos) para todos los trabajadores de la misma escala o nivel. Por eso, la realidad que se ha impuesto es que tanto los vagos como los cumplidores acaban cobrando casi lo mismo.
Esta estructura salarial se complementa con un régimen disciplinario prácticamente inexistente. La razón por la que no se puede despedir a un funcionario es para defenderlo del capricho de los políticos. Si fuese posible echar a un trabajador público, entonces la administración no sería neutral (como en teoría debería ser), sino que estaría en manos del gobierno de turno.
El problema es que este sistema, que tiene una lógica para salvaguardar la figura del empleado público y su servicio al ciudadano, se ha pervertido. Un alto funcionario de la administración central, con varios trabajadores a su cargo, lo define así: "No puedo subir sueldos, ni bajarlos, ni echar a nadie, ni siquiera puedo abrir un expediente sancionador. ¿Qué armas tengo de gestión de personal?". Este funcionario de nivel 30 reconoce que la gran mayoría de sus subordinados son "grandes trabajadores y cumplidores más allá de sus obligaciones". Son una ínfima minoría los que pueden asociarse con el tópico del funcionario que llega tarde y pasa de todo. Pero el sistema es "tan garantista" que "para echar a un funcionario tiene que matar a su jefe... y con testigos".
Las consecuencias
La primera consecuencia de este tipo de sistema es que algunos de los mejores funcionarios, muchos de ellos con verdadera vocación de servicio público, acaban yéndose. Esto es especialmente cierto en los cuerpos superiores de la Administración Central del Estado. En algunos de ellos el nivel de excedencias está alrededor del 30% (es decir, uno de cada tres ha dejado su puesto para buscarse la vida en la empresa). A partir de los 40 ó 45 años, una vez que ya ha llegado a su nivel máximo, su única opción para ganar más es que el Gobierno le nombre para un puesto de designación política (director general, subsecretario...) o irse al sector privado.
Como explica Coloma, "los consejos del Ibex están llenos de exfuncionarios" (Pablo Isla, abogado del Estado y presidente de Inditex podría ser un gran ejemplo). Los despachos de los ministerios están llenos de historias de trabajadores del sector público que cobran en el sector privado mucho más por puestos de menor responsabilidad. El tope máximo impuesto por la normativa hace que el abanico salarial sea mucho menor en la administración que en las empresas, lo que desincentiva especialmente a los niveles más altos.
Pero no es sólo una cuestión de salarios. La Administración ha ido acumulando cada vez más funciones y una consecuencia es que, como explica otro alto funcionario, "de tanto abarcar, aprieta muy poco en las actividades propias del Estado". Las dietas de los viajes son "miserables" (en palabras de un empleado que las ha cobrado en muchas ocasiones), las noticias sobre policías y guardias civiles que se pagan el material de su bolsillo no son infrecuentes y los jueces y los fiscales están hartos de llevarse enormes carpetas llenas de papeles a casa para finalizar allí los casos (lo que tiene dos derivadas: que muchos de estos funcionarios tienen que trabajar en su tiempo libre y que la administración de justicia está lejos de integrarse en la sociedad de la información en pleno siglo XXI).

jueves, 12 de abril de 2012

PUBLICACION DE LA REVISTA ALEMANA DER SPIEGEL

España está desesperada tratando de reducir sus deudas. …Así es como comienza un amplio reportaje que la conocida revista alemana Der Spiegel,, dedica a la alcaldesa de Madrid, justo cuando se cumplen 100 días de la salida de Alberto Ruiz Gallardón al Ministerio de Justicia. De este modo, la publicación germana señala que el despacho de Botella es “más grande que el Despacho Oval de la Casa Blanca”, que no fue elegida para el cargo democráticamente sino que “lo heredó de su predecesor” y que los derroches realizados en la capital no fueron obra de un político socialista sino de “un conservador”.

Pero no solo exhibe este tipo de perlas. La publicación recuerda que es la mujer del expresidente de Gobierno, José María Aznar, y que estuvo como concejal solo ocho años antes de llegar a ser alcaldesa, siendo su último cometido el medio ambiente. Además, revela que tiene a su servicio un mayordomo, “cuyo único deber es servir el café para ella y para sus invitados”, cuenta Der Spiegel, basándose en un exclusiva de El Confidencial.

Sus discursos preparados

La revista recalca su "catolicismo devoto" y el estilismo con el que Botella se deja ver en sus numerosas apariciones. “Lleva vestidos confeccionados para ella y muy pocas joyas. Ella se adhiere a discursos preparados, en parte por temor a repetir meteduras de pata que ya hizo en anteriores ocasiones como con los homosexuales o personas de izquierdas”, asegura la publicación.

Entre la batería de reformas y planes de ajuste llevados por el Partido Popular, el reportaje termina haciendo hincapié en que los madrileños no votaron en las urnas directamente a Ana Botella para que fuese alcaldesa, y que no lo harán “hasta el 2015. Entonces, la mujer que heredó su oficina podrá ser finalmente elegida”.


miércoles, 11 de abril de 2012

Hemos recibido el email que a continuación reproducimos. ¿Alguien podría desmentir esta información?


¿Cómo que no se crea empleo en España?
Se adjunta relación de agraciados con empleo en las últimas semanas, junto con su cargo y parentesco familiar:



NOMBRE Y APELLIDO
CARGO
PARENTESCO

Elisa Robles Fraga
Directora General del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Sobrina de Manuel
Fraga Iribarne.


Víctor Calvo Sotelo
Secretario de Estado de Telecomunicaciones
Hijo de Leopoldo Calvo Sotelo, ex Presidente del Gobierno

José Ramón Bujanda Sáenz
Presidente de SAECA empresa pública
participada por la SEPI y el Ministerio de Agricultura

Cuñado de
Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura


José Miguel Martínez
Presidente de la Sociedad Estatal Loterías y
Apuestas del Estado (SELAE) dependiente del Ministerio de Hacienda.

Concuñado de Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda

Ángeles Alarcó Canosa
Presidenta y Consejera Delegada de Paradores
Nacionales

Ex mujer de Rodrigo Rato, ex Vice Presidente del Gobierno y Presidente de Bankia

Ricardo Cospedal García
Próximo Director de la Fundación Carolina
Hermano de María Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP y
Presidenta de Castilla La Mancha.


Ignacio López del Hierro
Propuesto como Consejero de Red Eléctrica
Tras hacerse público se ve obligado a renunciar

Marido de María
Dolores de Cospedal


Rafael Rodríguez Ponga
Propuesto para Secretario General del
Instituto Cervantes. Mientras tanto continua de Diputado

Hermano de
María Flavia


María Flavia Rodríguez Ponga
Directora General de Seguros y Fondos de
Pensiones

Hermana de Rafael Rodríguez Ponga

Alberto Nadal Belda
Vicesecretario de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la CEOE. Propuesto para ser Consejero de Red
Eléctrica que tras hacerse público se ve obligado a renunciar.

Hermano de Alvaro Nadal Belda

Alvaro Nadal Belda
Director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno con rango de Secretario de Estado
Hermano de Alberto Nadal y casado con María
Teresa Lizaranzu Perinat


María Teresa Lizaranzu Perinat
Directora General de Política e
Industrias Culturales y del Libro

Casada con Álvaro Nadal Belda

Rafael Catalá Polo
Secretario de Estado en Fomento
Hermano de Raquel Catalá Polo

Raquel Catalá Polo
Delegada Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Hermana de Rafael Catalá Polo

José Canal Muñoz
Secretario General Técnico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Casado con Sonia Ramos Piñero

Sonia Ramos Piñeiro
Directora General de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo
Casada con José Canal Polo.


Carmen Gámir
Jefa de Prensa de la Secretaria de Estado de
Presupuestos

Compañera sentimental de Alberto Feijóo, Presidente de
la Xunta de Galicia


Marcelino Oreja Arburua
Nombrado Presidente de la Entidad Pública
Empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

Hijo de Marcelino
Oreja Aguirre, ex diputado y ex Ministro de Asuntos
Exteriores.


Miguel Cardenal Carro
Presidente del Consejo Superior de Deportes
Hijo de Jesús Cardenal, ex Fiscal General del Estado con José María
Aznar.


Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre
Asesor del Secretario de Estado de
Comercio, Jaime García-Legaz

Hijo de Esperanza Aguirre

María Zaplana Barceló
Asesora en la Secretaria de Estado de Turismo.
Hija del exministro Eduardo Zaplana

Iván de la Rosa
Letrado en el Área Jurídica de Telefónica
Marido de Soraya Saénz de Santa-María. Vicepresidenta del Gobierno

jueves, 5 de abril de 2012

¡¡No a la privatización de la sanidad pública!!
 
LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA En la Comunidad de Castilla-La Mancha están al borde de la privatización de 4 hospitales públicos, con la excusa de que no son rentables (¡¡¡¿¿¿...???!!!). Parece ser que CAPIO SANIDAD va a ser la empresa privada de gestión sanitaria a la que se van a regalar los cuatro hospitales públicos. RODRIGO RATO (actual presidente deBANKIA y fue vicepresidente segundo del gobierno de AZNAR, del PPtambién tienen intereses y acciones en Capio, lo cual no es ilegal, pero...¡¡¡qué casualidad, no?? !!!¿Sabéis quien es IGNACIO LÓPEZ DEL HIERRO? Marido de  la señora MARIA DOLORES DE COSPEDAL (Presidenta de Castilla-La Mancha y Secretaria General del PP), , dedicado a muchas actividades... empresariales? (ya sabéis), pero, oh!.. sorpresa!... también gestiona hospitales. ¿Sabías que el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha JOSÉ IGNACIO ECHANIZ es hermano de Teresa Echániz Salgado, subdirectora de investigación de Capio Sanidad? ¡Qué casualidad!. Ahora ya tenemos claro porqué Capio se va a llevar los hospitales de la región. Mira en los vocales del Patronato Confías: http://fundacionconfias.org/html12/comites12.htm Lo cierto es que Capio ya controla buena parte de la sanidad pública de este pais. Para quien no sepa que esCAPIO SANIDAD: http://madridsur.wordpress.com/2010/03/16/la-sanidad-madrilena-en-manos-del-grupo-capio-empresa-privada-de-origen-sueco-y-relacionada-con-el-negocio-inmobiliario/ Más cerca, en el Departamento de Elche-Crevillentegestionado de forma privada por RIBERA SALUD  que es el principal concesionario de la Comunitat Valenciana y participa ya en la gestión de los hospitales de Alzira, Manises, Torrevieja, Elx y Dénia. Los accionistas de Ribera Salud (Bankia y CAM) se encuentran en proceso de negociación con la multinacional sanitaria Capio para venderle la propiedad. El proceso se encuentra en fase de negociación del precio definitivo de la operación y la fórmula de financiación.
Capio tiene los ojos puestos en estos concursos, pero también en otros que puedan surgir en la Comunitat Valenciana. Pero la multinacional no es la única interesada en profundizar en el negocio de la gestión de la sanidad pública. ATITLÁN, el fondo de inversión que dirige Roberto Centeno (yerno del presidente de Mercadona Juan Roig), no ha renunciado a entrar en un mercado que le permitiría diversificar su actividad. ¡¡¡¿...Como es posible que una cosa que no es rentable se la están disputando?    ¡¡¡...Es MENTIRA que los hospitales no son rentables!!! En estas fórmulas de financiación público-privada y concesiones de Obra Pública, la financiación, gestión (y en algunos casos la prestación de servicios) corre a cargo de consorcios integrados de empresas constructoras (levantan los edificios), entidades bancarias (adelantan el dinero) yaseguradoras (gestionan los servicios); una vez entregado el centro, la administración paga un canon anual por 20-30 años que se paga a cargo del gasto corriente del presupuestos (no al capítulo de inversiones), por lo que no computa como deuda pública a pesar de que el coste de los centros (endeudamiento real) multiplica por siete el coste real de los mismos!!!. ¡¡No a la privatización de la sanidad pública!!

martes, 3 de abril de 2012



ESTE ES EL NUEVO "PREMIO POR ANTIGÜEDAD" PROPUESTO POR NUESTRA QUERIDÍSIMA ALCALDESA......ES DE ORO MACIZO Y GRABADA CON TÉCNICAS ANCESTRALES POR LA IMPRENTA MUNICIPAL.
Podéis enviar archivos con artículos de opinión, propuestas  o similiar a la dirección: funcionariosindignadosayto@gmail.com

viernes, 30 de marzo de 2012


Si nos juntaramos así todos los funcionarios, igual conseguiríamos frenar las bajadas de sueldo, aumento de horas, retirada de derechos... NO PODEMOS CONFORMARNOS POR FAVOR!! NO PODEMOS CALLARNOS!!

Funcionariado: las víctimas se presentan como culpables

Francisco J. Bastida | Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Oviedo
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis.
Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

                                                                                  Madrid 8 de marzo de 2012

jueves, 29 de marzo de 2012

Estamos en contra de los recortes efectuados por la Alcaldesa Dª ANA BOTELLA SERRANO y su equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

Estos recortes desproporcionados e ilegales que tiran por tierra los acuerdos firmados Y no han sido ni negociados ni consensuados con los Agentes Sociales correspondientes.

Estos recortes, totalmente “abusivos e injustos”, se hacen “COMO SIEMPRE” a la parte mas débil que son los trabajadores, NO, a los altos cargos y directivos municipales, puestos a dedo”, que seguirán cobrando las ayudas sociales de manera ilegal según sentencia del Juzgado de los Social nº 32. Así pues Dña. Concepción Dancausa hace caso omiso y se salta una sentencia judicial para seguir beneficiando a su acólitos.

Los ”despilfarradores y manirrotos” que han llevado al Ayuntamiento a un endeudamiento astronómico, ahora quieren solventar su malísima gestión y decisiones totalmente equivocadas, a base de recortar a los trabajadores municipales que no tienen, ni han tenido culpa de todo este despropósito.