Si nos juntaramos así todos los funcionarios, igual conseguiríamos frenar las bajadas de sueldo, aumento de horas, retirada de derechos... NO PODEMOS CONFORMARNOS POR FAVOR!! NO PODEMOS CALLARNOS!!

Funcionariado: las víctimas se presentan como culpables

Francisco J. Bastida | Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Oviedo

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis.

Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

                                                                                  Madrid 8 de marzo de 2012

Estamos en contra de los recortes efectuados por la Alcaldesa Dª ANA BOTELLA SERRANO y su equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

Estos recortes desproporcionados e ilegales que tiran por tierra los acuerdos firmados Y no han sido ni negociados ni consensuados con los Agentes Sociales correspondientes.

Estos recortes, totalmente “abusivos e injustos”, se hacen “COMO SIEMPRE” a la parte mas débil que son los trabajadores, “NO, a los altos cargos y directivos municipales, puestos a dedo”, que seguirán cobrando las ayudas sociales de manera ilegal según sentencia del Juzgado de los Social nº 32. Así pues Dña. Concepción Dancausa hace caso omiso y se salta una sentencia judicial para seguir beneficiando a su acólitos.

Los ”despilfarradores y manirrotos” que han llevado al Ayuntamiento a un endeudamiento astronómico, ahora quieren solventar su malísima gestión y decisiones totalmente equivocadas, a base de recortar a los trabajadores municipales que no tienen, ni han tenido culpa de todo este despropósito.

Artículo redactado por un funcionario del Grupo A. Difícilmente se puede expresar mejor la situación actual. Un saludo.

Resulta que en la década prodigiosa del pelotazo, cuando media España se lo llevaba caliente a casa, cuando un encofrador sin estudios se embolsaba tres mil euros, cuando hasta el último garrulo montaba una constructora y en connivencia con un par de concejales se forraba sin cuento, cuando un gañán que no sabía levantar tres ladrillos a derechas se paseaba en Audi, los funcionarios aguantaban y penaban. Nadie se acordaba de ellos. Eran los parias, los que hacían números para cuadrar su hipoteca, hacer la compra en el Carrefour y llegar a fin de mes, porque un nutrido grupo de compatriotas se estaba haciendo de oro inflando el globo de la economía hasta llegar a lo que ahora hemos llegado.
Y ahora que el asunto explota y se viene abajo, la culpa del desmadre… es de los funcionarios. Los alcaldes, diputados y senadores que gobiernan la cosa pública a cambio de una buena morterada no son responsable de nada y nos apuntan directamente a nosotros: somos demasiados, hay que ultracongelarnos, somos poco productivos. Los responsables bancarios que prestaron dinero a quienes sabían que no podrían devolverlo tampoco se dan por aludidos. Todos los intermediarios inmobiliarios, especuladores, amigos de alcalde y compañeros de partida de casino de diputado provincial no tenían noticia del asunto. Nosotros sí. Como diría José Mota: ¿Ellos? No. ¿Nosotros? Si. Siendo así que ellos? No. Por tanto, nosotros? Si.
La culpa, según estos preclaros adalides de la estupidez, es del juez, abogado del estado, inspector de hacienda, administrador civil del estado que, en lugar de dedicarse a la especulación inmobiliaria a toca teja, ha estado cinco o seis años recluido en su habitación, pálido como un vampiro, con menos vida social que una rata de laboratorio y tanto sexo como un chotacabras, para preparar unas oposiciones monstruosas y de resultado siempre incierto, precedidas, como no podía ser de otra forma, de otros cinco arduos años de carrera. Del profesor que ha sorteado destinos en pueblos que no aparecen en el mapa para meter en vereda a benjamines que hacen lo que les sale de los genitales porque sus progenitores han abdicado de sus responsabilidades. Del auxiliar administrativo del Estado natural de Écija y destinado en Barcelona que con un sueldo de 1000 euros paga un alquiler mensual de 700 y soporta estoicamente que un taxista que gana 3000 le diga joder, que suerte, funcionario.
La culpa es nuestra. A poco que nos descuidemos nosotros los funcionarios seremos el chivo expiatorio de toda una caterva de inútiles, vividores, mangantes, políticos semianalfabetos, altos cargos de nombramiento digital, truhanes, pícaros, periodistas ganapanes y economistas de a verlas venir que sabían perfectamente que el asunto tarde o temprano tenía que petar, pero que aprovecharon a fondo el momento al grito de mientras dure dura! y que ahora, con esa autoridad que da tener un rostro a prueba de bomba, se pasan al otro lado del río y no sólo tienen recetas para arreglar lo que ellos mismo ayudaron a estropear, sino que, además, han llegado a la conclusión de que los culpables son... tachan...los funcionarios.
Soy funcionario. Y además bastante recalcitrante: tengo cinco títulos distintos. Ganados compitiendo en buena lid contra miles de candidatos. ¿Y saben qué? No me avergüenzo de nada. No debo nada a nadie (sólo a mi familia, maestros y profesores). No tengo que pedir perdón. No me tocó la lotería. No gané el premio gordo en una tómbola. No me expropiaron una finca. No me nombraron alto cargo, director provincial ni vocal asesor por agitar un carnet político que nunca he tenido.
Aprobé frente a tribunales formados por ceñudos señores a los que no conocía de nada. En buena lid: sin concejal proclive, pariente político, mano protectora ni favor de amigo. Después de muchas noches de desvelos, angustias y desvaríos y con la sola e inestimable compañía de mis santos cojones. Como tantos y tantos compañeros anónimos repartidos por toda España a los que ahora algunos mendaces quieren convertir, por arte de birli-birloque, en culpables de la crisis.
Amigos funcionarios, estamos rodeados de gente muy tonta y muy hija de puta.
PD. Si alguien, en cualquier contexto, os reprocha -como es frecuente- vuestra condición de funcionario os propongo el refinado argumento que yo utilizo en estos casos, en memoria del gran Fernando Fernán-Gómez: váyase Usted a la mierda, hombre, a la puta mierda.

Estamos indignados.

Qué fácil resulta quitar el dinero a los que menos tienen, cuando a los que toman las decisiones no les afectan ni las subidas del euribor, ni las de la gasolina (porque entre todos pagamos sus coches y sus conductores), ni la luz, ni el agua, ni el IPC, ni el IBI, ni el IVA... y un sin fin de impuestos, tasas y rebajas de sueldo que nos están empezando a ahogar (a los de siempre, claro).

¿Quienes sufren las medidas restrictivas? ¿Por qué no se bajan los importes de las ayudas sociales a los que más tienen? ¿Por qué no se establecen otras medidas alternativas antes de atacar al funcionario de a pie? ¿Por qué no se exigen responsabilidades? ¿Por qué se mantienen los altos cargos y asesores que han llevado al Ayuntamiento de Madrid a su mayor endeudamiento? ¿Por qué no "ruedan cabezas"?

Estamos de acuerdo con que debe existir un plan de ajuste, pero desde luego empezando por los que más tienen y menos se merecen (a modo de ejemplo: personal eventual, asesores, directivos, puestos de libre designación sin haber aprobado una oposición, sino, simplemente por conocer al político de turno).

¿Dónde está la evaluación del desempeño que tanto proclama el Estatuto Básico del Empleado Público? ¿Dónde está la exigencia de responsabilidades? ¿Por qué no se castiga la mala gestión y los malos resultados?

Basta ya de que todo el mundo atente contra los funcionarios, somos ciudadanos, trabajadores, y no tenemos ningún tipo de descuento en impuestos por el mero hecho de serlo. Para estar donde estamos, hemos sacrificado nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestra vida social, nuestras esperanzas e ilusiones. La fuerza de voluntad ha sido la que nos ha hecho conseguir lo que tenemos.

Y parece que esto no acaba aquí, ¿qué será lo siguiente? ¿Seguimos cruzados de brazos?